sábado, 5 de diciembre de 2009

Corrupción, investigación y muerte en el municipio de Miriápolis

Cuando Jorge Jaramillo asumió la Intendencia de Miriápolis, una difusa sensación de corruptela prendió en la población e inmediatamente se inició una campaña de difamación. Llamaba la atención que el Secretario de Cultura vendiera drogas en su propia oficina a quien quisiera comprarlas, que el Secretario de Hacienda unificara por decreto el tesoro público con su patrimonio personal, que el Secretario de Cultura demoliera las escuelas y vendiera los escombros a una compañía constructora, que el Secretario de Salud Pública cerrara los hospitales e instalara allí negocios de electrodomésticos invariablemente a nombre de su suegra y su cuñada. Pero eran sólo cosas que pasaban.

Sin embargo, la malevolencia de la población, y su propensión a la maledicencia seguían su curso y cuando se supo que el secretario de Artes y Asuntos Similares había pagado diez millones de dólares del erario público por seis camisas para su uso personal, y que además se los había pagado a su propia esposa, no vacilaron en arremeter y acusar irresponsablemente. Pablo Cassero, editorialista del periódico "La Verdad",sugirió sin ambages que "quizás el precio no se ajustara al valor real de las prendas".

El Secretario de Artes, haciendo gala de la honestidad del municipio, mostró las seis camisas en público, y denunció a aquellos que "ya sea por envidia, ya sea por su desconocimiento de las características de la alta costura, trataban de minimizar el valor de aquellas camisas, basándose en el pago de una ridícula suma".El Intendente Jorge Jaramillo, por su parte, denunció la malévola campaña periodística en su contra,pero anunció que de todas maneras se iniciaría una investigación.

Efectivamente, el periodista Pablo Cassero fue concienzudamente investigado, interrogado por la policía y arrojado a un oscuro calabozo durante siete días,sin alimentación alguna. Y apenas soltado a la calle, cuatro matones con mameluco de la Intendencia le propinaron una brutal paliza.

Nadie podía aducir falta de transparencia, pero el periódico, sin entender la buena predisposición del gobierno, protestó indignado: "El uso de la intimidación enloda al gobierno municipal",sugería. El gobierno contestó por sus voceros "que la campaña de difamación seguía su curso: la prensa confundía un pequeño ejercicio de gimnasia con el uso de métodos repudiables".No obstante, y para mostrar su buena voluntad, prometió una inmediata investigación, que se llevaría a cabo "hasta las últimas consecuencias".

Y en efecto, fue así. Un grupo de técnicos de la Intendencia colocó, a plena luz del día, una carga explosiva en la redacción de "La Verdad",evacuó el edificio, y el propio Intendente se encargó de pulsar el detonador desde un palco levantado al efecto. El edificio del diario, junto a las dos manzanas adyacentes, volaron por los aires.

Ni siquiera esta nueva muestra de buena voluntad convenció al periódico, que volvió a la carga, y en una edición clandestina argumentó, con desfachatez, que "el accidente no había sido del todo casual".El intendente reaccionó inmediatamente, poniendo en evidencia la conspiración de oscuras fuerzas que trataban de obstruir su obra progresista, que incluía la pirotecnia y los fuegos artificiales para entretenimiento de la población. Pero no obstante, y respetuoso de la libertad de prensa prometió una definitiva investigación para identificar a los autores del hecho.

Todos los periodistas de Miriápolis fueron exhaustivamente investigados, apaleados y/o amenazados, lo cual creó una infame solidaridad de los seis periódicos del municipio, que haciendo gala de una increíble mala fe, unificaron sus primeras planas en un solo y vergonzoso titular: "queremos que se investigue".

Fue el colmo. El intendente entendió, con toda justicia, que no tenía por qué tolerar esas muestras de incomprensión.¿Acaso no se había investigado bastante?

Los periódicos fueron cerrados y las redacciones quemadas, nueve periodistas fueron asesinados, y el resto, obligado a abandonar el municipio. Sus bienes fueron confiscados y repartidos entre los funcionarios municipales. El director de la Verdad, que, como se recordará, había iniciado irresponsablemente la campaña de difamación pública, fue ahorcado en la Plaza Central de Miriápolis en un acto oficial, y su cadáver colgado del mástil que presidía el centro de ceremonias de la Intendencia.

Y entonces, sí, al fin, la población comprendió y un enorme silencio descendió sobre el Municipio de Miriápolis. Nadie habló más, ya nadie dijo nada.

Salvo el Intendente Municipal. Ordenó que se reuniera toda la población en un gigantesco acto público, y allí , con la transparencia de siempre, denunció que "el silencio es cómplice",ya que, si bien la campaña de prensa había cesado, no se notaba en las manifestaciones de los ciudadanos el suficiente apoyo y las merecidas loas que los actos progresistas de su administración merecían. Y acto seguido, delante de todos, y bajo el cadáver del periodista ahorcado, que se balanceaba y ya empezaba a pudrirse, prometió una total, rotunda y definitiva investigación.